Misisipi propone cazarrecompensas contra inmigrantes indocumentados
Un proyecto de ley permitiría recompensas monetarias por deportaciones y endurecería las sanciones contra inmigrantes indocumentados.
Un controvertido proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes del estado de Misisipi busca implementar el Programa de Cazadores de Recompensas Certificados. La iniciativa, que podría otorgar pagos en efectivo a particulares por colaborar en la deportación de inmigrantes indocumentados, ha generado debate en el panorama político y social del estado. Así lo reportó este viernes el portal Clarion Ledger, citando un comunicado del fiscal de distrito del condado de DeSoto, Matthew Barton.
El representante estatal Justin Keen, quien impulsa la propuesta, defendió el proyecto al afirmar que busca reforzar la seguridad de las comunidades locales y alinearse con las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. “Esta legislación tiene como objetivo mantener seguras a las comunidades de Misisipi. He visto de primera mano el peligro que representan los malos actores y los criminales violentos que ingresan al país”, señaló Keen en el comunicado.
Por su parte, Barton consideró que el programa sería “un paso vital para ayudar a las agencias del Gobierno a aplicar mejor las leyes de inmigración” y que fortalecería los esfuerzos para deportar a quienes residen en Estados Unidos sin la documentación requerida. “La administración del presidente Trump dejó claro que deportar a los inmigrantes ilegales es una prioridad, y estamos orgullosos de apoyar su agenda para proteger a nuestros ciudadanos”, agregó.
Detalles del proyecto
El proyecto de ley contempla recompensar con 1.000 dólares a los cazarrecompensas registrados por cada deportación exitosa que faciliten. Los fondos necesarios para este programa serían asignados por la asamblea general del estado y administrados por el tesorero estatal a partir del 1 de julio.
Además, el texto introduce penas severas para inmigrantes indocumentados acusados de invasión de propiedad privada, catalogándolo como un delito grave que podría ser castigado con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, excepto por decisión del gobernador o por fallecimiento natural. Sin embargo, la condena podría suspenderse si el condenado es entregado a las autoridades federales y deportado en un plazo de 24 horas.
Otro de los puntos relevantes es la obligación de los detenidos por este delito de suministrar una muestra de ADN, medida que según los proponentes contribuiría a reforzar la seguridad y el control migratorio.
Contexto nacional: endurecimiento de políticas migratorias
La propuesta se alinea con las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump durante su administración, que incluyeron el despliegue de tropas en la frontera con México, redadas en albergues, iglesias y escuelas, y la eliminación de programas como el ‘parole’ humanitario gestionado a través de la aplicación CBP One. Estas medidas tenían como objetivo frenar lo que el exmandatario denominó “la invasión de la frontera sur”.
No obstante, algunas de estas iniciativas enfrentaron obstáculos legales. Recientemente, un juez federal en Seattle bloqueó temporalmente una orden que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, calificándola como inconstitucional.
Críticas y preocupaciones
Organizaciones de derechos humanos han alzado la voz contra el proyecto de ley, calificándolo de discriminatorio y peligroso. Críticos argumentan que podría fomentar la persecución racial y el abuso de poder, al tiempo que se cuestiona la constitucionalidad de sanciones extremas como la cadena perpetua por delitos relacionados con la migración indocumentada.
A medida que el proyecto avance hacia el debate en el Congreso estatal, se anticipa una discusión polarizada en torno a los límites de las leyes migratorias y los derechos humanos en Misisipi.
