Fallo Civil Multimillonario Contra García Luna y Esposa
Histórica sentencia civil de $2.488 millones USD obliga al exsecretario y Linda Pereyra a resarcir al Estado mexicano por esquema de corrupción, contratos ilícitos y lavado de dinero.
Miami, Florida – 22 de mayo de 2025 – En un dictamen que resuena con fuerza a través de las fronteras, una corte civil en Miami, Florida, ha proferido hoy una sentencia sin precedentes contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra. La resolución, que se suma a la ya extensa lista de reveses judiciales para el exfuncionario, los obliga a pagar un total de $2,488 millones de dólares al Estado mexicano, en concepto de indemnización por su participación en un sofisticado esquema de corrupción, contrataciones ilegales y lavado de dinero que operó durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La sentencia, emitida por la jueza Lisa Walsh de la Corte del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, especifica que García Luna deberá resarcir a México con $748 millones de dólares, mientras que a Linda Cristina Pereyra se le impone la obligación de cubrir los $1,740 millones restantes. Esta monumental cifra representa el desvío de cuantiosos fondos públicos, canalizados a través de una red de contratos irregulares otorgados a empresas vinculadas al círculo íntimo del exsecretario, recursos que posteriormente fueron blanqueados mediante complejas operaciones financieras en territorio estadounidense.
El Origen de una Demanda sin Precedentes
El camino hacia esta sentencia civil se inició en 2021, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, entonces bajo la dirección de Santiago Nieto Castillo, interpuso la demanda en Florida. La acusación detallaba cómo García Luna, presuntamente, lideró una red de corrupción institucionalizada a lo largo de más de una década. La demanda señalaba la participación activa de su esposa, Linda Cristina Pereyra, en la creación y operación de empresas fachada, utilizadas como vehículos para triangular los recursos desviados del erario público.
Durante el proceso judicial, la UIF presentó una voluminosa colección de evidencia documental y financiera. Esta documentación detallaba minuciosamente cómo el dinero público mexicano era sistemáticamente canalizado a través de una intrincada red internacional de compañías offshore, con operaciones principalmente en Barbados y Panamá. Estos fondos, una vez blanqueados, eran finalmente invertidos en bienes raíces de lujo y cuentas bancarias en Florida, consolidando así el esquema de lavado de dinero.
«El pueblo de México fue víctima de un elaborado esquema de saqueo institucional. Esta sentencia es un paso crucial hacia la reparación del daño y el establecimiento de la justicia», declaró hoy en conferencia de prensa Pablo Gómez Álvarez, el actual titular de la UIF, resaltando la trascendencia de este fallo para el Estado mexicano.
Un Caso Civil Paralelo a la Condena Penal por Narcotráfico
Es fundamental subrayar que esta resolución en el ámbito civil no guarda una relación directa con la condena penal que Genaro García Luna recibió el 24 de octubre de 2024 en una corte federal de Brooklyn, Nueva York. En aquel juicio, un jurado lo encontró culpable de conspiración para el tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsedad de declaraciones, delitos por los cuales fue sentenciado a 38 años de prisión y una multa de 2 millones de dólares.
Durante el proceso penal en Nueva York, se probó que el exsecretario de Seguridad Pública había recibido sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa. A cambio de estas dádivas, García Luna brindó protección institucional a la organización criminal y facilitó el libre tránsito de drogas hacia territorio estadounidense, convirtiéndose en el funcionario mexicano de más alto rango en ser condenado en EE.UU. por vínculos con el narcotráfico. Actualmente, García Luna cumple su condena en una prisión federal en Virginia, sin posibilidad de libertad condicional.
El Papel de Linda Cristina Pereyra en la Trama
La participación de Linda Cristina Pereyra en la estructura delictiva ha sido objeto de exhaustivas investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. Aunque no enfrenta cargos penales en el país vecino, la sentencia civil en su contra se fundamenta en su rol como coadministradora de empresas y cuentas bancarias que fueron instrumentalizadas para ocultar los recursos de origen ilícito.
En México, la situación legal de Pereyra ha sido un foco de controversia. En febrero de 2023, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le concedió un amparo que ordenaba el desbloqueo de sus cuentas bancarias, al considerar que su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas por parte de la UIF carecía de sustento jurídico suficiente en ese momento. No obstante, la sentencia emitida hoy en Florida reabre contundentemente el debate sobre su responsabilidad financiera y moral dentro de laña de corrupción familiar.
Reacciones y Futuras Consecuencias
Desde la Ciudad de México, la presidenta de México calificó el fallo como “una victoria moral y legal para el pueblo mexicano” y reafirmó el compromiso de su administración para recuperar los recursos saqueados durante lo que denominó “la etapa más oscura del Estado neoliberal”. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que esta sentencia civil representa un sólido respaldo para las carpetas de investigación abiertas en México contra otros exfuncionarios presuntamente vinculados a la red de corrupción de García Luna.
Analistas legales consultados coinciden en que esta sentencia puede establecer un precedente internacional significativo para otros casos de corrupción transnacional, dada la magnitud de los montos involucrados. Además, el monto dictado en reparaciones constituye una de las cifras más altas en la historia judicial de Florida en materia de corrupción extranjera, lo que subraya la relevancia de este fallo.
El Largo Camino hacia la Justicia Plena
Con este segundo revés judicial en menos de un año, el nombre de Genaro García Luna queda indeleblemente asociado no solo a la complicidad con el crimen organizado, sino también al saqueo estructurado de las finanzas públicas mexicanas. A pesar de la contundencia de las condenas, expertos advierten que la recuperación efectiva de los recursos exigidos será un proceso complejo y prolongado, que requerirá de una estrecha coordinación internacional y años de litigios.
Sin embargo, para muchos, esta sentencia simboliza un avance crucial hacia la rendición de cuentas y el combate a la impunidad, en un país históricamente marcado por la corrupción en las más altas esferas del poder. Es un mensaje claro de que, aunque el camino sea largo, la justicia finalmente puede alcanzar a quienes desvían los recursos de la nación.
